Talamás y asociados
Última actualización en 08 Agosto 2013
Escrito por: Betania Núñez
La intervención judicial de Cossac
Las irregularidades en la gestión de Cossac se confirman, luego de que la Auditoría Interna de la Nación lograra la intervención judicial de la cooperativa. De la mano del expediente surgen detalles y cuestionamientos a la prolongada y despilfarradora gestión de Julio César Talamás.
“El hombre más destacado del año” es uno de los motes que le caben a Julio César Talamás. Lo encarnó un tiempo después de su candidatura colorada bajo el memorable lema “la fuerza del adulto mayor”, pero antes de irrumpir con guardaespaldas y ametralladoras uzi en la Cooperativa de Previsión Social. Entre medio de tales hazañas, pasó relativamente desapercibido en 2006 cuando fue nombrado uno de los 30 hombres más destacados del año. Sin embargo, en 2013 varios documentos engrosaron un expediente judicial que hoy es público. Allí consta, entre muchos otros, un recibo por 98.400 pesos que abonó la Cooperativa de la Seguridad Social de Ahorro y Crédito (Cossac) al productor del evento “el hombre más destacado del año 2005-2006”. No se encuentra en las numerosas fotografías oficiales de la velada ningún indicio (o logo) del auspicio de Cossac. Pero sí se exhibe a Talamás, el flamante y orgulloso presidente de la cooperativa, recibiendo el reconocimiento.
La trayectoria de Talamás está plagada de apuestas publicitarias y políticas que, por lo menos en algunos casos, fueron financiadas con el dinero de la cooperativa. Generosas cifras desembolsó de Cossac para apoyar cenas de famosos en Punta del Este y Montevideo, cenas con políticos y embajadores. También invirtió en contratar como asesores de la cooperativa, y con abultados sueldos, a Elena Aragor, esposa del ex secretario de Presidencia Alberto Breccia, y a Gerardo Bleier, conocido periodista.
¿El beneficio para Cossac? Pese a su contundente estrategia de marketing, o en parte por ella, la cooperativa comenzó hace unos años a dar pérdidas millonarias. El resultado acumulado negativo a julio de 2012 fue de 137.557.787 de pesos. En los últimos años la cuota social aumentó (actualmente ronda los 500 pesos), y pese a contar con más de 20 mil socios (en gran parte adultos mayores de bajos recursos), los ingresos no acompasaron los altos gastos.
La Auditoría Interna de la Nación (ain) pidió en marzo la intervención judicial de la cooperativa y el desplazamiento de sus autoridades por irregularidades en la gestión. En el pedido se enumeran incumplimientos de ciertos principios a los que está sujeta cualquier cooperativa; entre otros, el de control y gestión democrática y el de participación económica de los socios. La justicia hizo eco al pedido y nombró a dos interventores.
Paradójicamente, la actitud de la auditoría fue catalogada públicamente por Talamás y Bleier de abuso de funciones. “No al golpe contra Cossac”, puede leerse en pancartas colgadas en varios puntos de Montevideo. O “los seres humanos tienden a darle una manito a los amigos, y no está nada mal, siempre y cuando no se utilice a las instituciones del Estado”, puede escucharse de Bleier, en una entrevista que le realizaron recientemente en Amargueando, y en la que junto a Talamás despotricó contra la ain. La campaña contra la decisión de la auditoría se completó en las redes sociales. Por Facebook, Talamás publicó: “Las garantías legales son suspendidas y las personas encontradas en actividades contrarias al régimen son perseguidas como delincuentes. La justicia queda supeditada al aparato burocrático del Estado (Auditoria Interna de la Nación) y continúa sirviendo al nuevo régimen”.
De un lado se apunta a una violación de los principios democráticos cooperativos y se dan indicios del beneficio personal que obtuvieron algunos de los directivos de Cossac. Del otro se acusa a funcionarios de la auditoría de “abuso de poder” y “autoritarismo”.
LAS IRREGULARIDADES. “La actuación de los integrantes del Consejo Directivo y la Comisión Fiscal ha vulnerado una serie de normas legales y estatutarias así como principios cooperativos que denotarían un actuar muy poco diligente en la administración de los negocios de la entidad cooperativa que dirigen.” Esa es sólo una de las afirmaciones que la ain redacta para resumir el panorama de Cossac, que consta en el expediente judicial donde se consigna la intervención y se le da seguimiento.
En esta misma línea, Laura Remersaro, ex presidenta de la ain que entre los años 2007, 2008 y 2009 realizó serias observaciones a la cooperativa, dijo a Brecha que “Talamás surgía como dueño. Él vivía de la cooperativa, lo que va en contra de los principios cooperativos, porque entonces sería un funcionario. Básicamente lo que se veía era que comandaba a la cooperativa como si fuera su negocio particular”. En un informe reciente de la ain se sostiene que “prácticamente desde la fundación de la cooperativa se han mantenido las mismas autoridades”, un hecho que había sido reiteradamente observado por la auditoría y frente al cual Cossac “no adoptó ninguna medida”. Datos a los que accedió Brecha correspondientes a 2011 arrojan que Talamás cobraba un salario de más de 217 mil pesos, y el resto de los directivos no se quedaba muy atrás. Lo mismo sucedía con los miembros de la Comisión Fiscal, que recibían una remuneración mensual de casi 90 mil pesos, y sobre los que se señalan numerosas carencias en las tareas de control. A partir de entrevistas realizadas a los fiscales de Cossac en 2012, la ain relata que “los integrantes de la comisión revelan la existencia de parentescos con los directivos y empleados de la cooperativa”, por lo que se concluye que “podríamos estar ante un conflicto de intereses”. La prima de Talamás es una de las fiscales; pero trabajando en Cossac hubo y hay unos cuantos familiares más.
También se consigna una falta de comunicación a los socios de la situación que estaba atravesando la institución: “Las importantes pérdidas económicas que tuvo la cooperativa en el estado contable de 2011 no surgen de ningún informe de la Comisión Fiscal, que no realizó un adecuado control, y tampoco le fue informada la situación a la Asamblea General Ordinaria”. Además, las entrevistas abren líneas sobre otras irregularidades, esta vez relacionadas a contratos con empresas: “(...) en uno de los proveedores de la cooperativa se encuentra trabajando la esposa del presidente, Adriana Melgarejo (se hizo expresa referencia al servicio de acompañantes denominado Alma, Corazón y Vida)”. También se plantea que en el contrato firmado con la empresa Salud Bucal “ésta se obliga a instalar tres consultorios en sede central de la cooperativa”, y sin embargo la “inversión la realizó directamente la cooperativa y no la empresa”.
Desde aebu, Viviana Grajales contó a Brecha que en el sindicato se sospecha de que todas las empresas tercerizadas estén en manos de familiares o allegados a Talamás. La suspicacia se generó dos años atrás, luego de que algunos trabajadores de Cossac calcularan el ahorro que implicaría contratar directamente a los empleados tercerizados. El resultado daba una ganancia de 500 mil dólares al año, incluso previendo eventuales despidos. Pero el Consejo Directivo se negó rotundamente a aplicar la medida.
En las observaciones que realizó la auditoría también consta que “se imputan” a la cooperativa “gastos de consumo personal de los directivos”, como facturas de ose e Internet. Se plantea que “existe una ‘cuenta puente para transacciones múltiples’ con importantes movimientos de dólares”, de la que “no surge con claridad la operativa”. Y se ejemplifica el “entrevero” de los gastos de Cossac planteando que para un mismo vehículo en un mismo día se computaron 14 comprobantes de combustible por un total de más de 20 mil pesos.
Se hace asimismo alusión al “aporte económico a diferentes reuniones, partidos y actividades políticas”, y sobre esto se aclara que “vulnera el carácter de autoridad en materia política que debe tener una cooperativa”.
Pero ese monto es un vuelto si se lo compara con la suma millonaria que implicaba la compra de canastas de fin de año. La cooperativa “compraba” miles de canastas extra de las que se repartían efectivamente a los socios. El sobrante, de un producto perecedero, equivalió en 2010 a 5.325.400 pesos y en 2011 ascendió a 5.533.650 pesos. El total de lo gastado anualmente en concepto de canastas y regalos a los socios giraba en el entorno de los 25 millones de pesos.
LA OMNIPRESENCIA. Pese a la intervención, según fuentes de aebu, Talamás tiene acceso a todo lo que pasa en la cooperativa. Al mejor estilo Gran Hermano, mira y escucha a través de las cámaras y micrófonos que están instalados en la sede, que emiten señal las 24 horas a la pantalla de su casa. A varias de sus casas. Además se informa de todo lo que pasa a través de sus familiares y allegados, que todavía trabajan en Cossac. Es cuestión de tiempo, piensan en la cooperativa, para que vuelva Talamás. Al menos así lo anunciaron telefónicamente cuando los socios protestaron este año por la ausencia del tradicional regalo del Día del Abuelo: “Este año no habrá regalo porque Talamás no está, pero ya está por volver”.
En noviembre finalizaría la intervención. Pero en este marco, parecería que existen grandes probabilidades de que la intervención continúe, al menos por otros seis meses. Los primeros informes de los interventores identifican un desorden en la gestión que parece difícil de saldar rápidamente. En su primer informe a la justicia, los interventores detallaban una “innumerable cantidad de irregularidades”, y afirmaban que “la cooperativa se encuentra sumamente comprometida”, por lo que “nos hemos abocado a una tarea de primeros auxilios”.
Entre otros puntos que se desglosan, puntualizan que la ausencia de un gerente de personal genera “riesgos de pagar remuneraciones a personal que no asiste y/o no cumple tareas”. De hecho, los interventores se negaron a pagar los salarios de junio de cuatro funcionarios, entre los que se encuentra Bleier. La falta del pago llevó a los empleados a solicitar una intimación a la justicia, en la que afirman, apelando a similares términos a los empleados en la ofensiva a la ain, que “la situación no es solamente ilegítima e injusta, sino que existe un claro abuso de funciones por parte del señor interventor, lo que genera un detrimento económico y moral a los comparecientes”. Como prueba se presentaron recibos de sueldo anteriores, que en el caso de Bleier registra un nominal de 120.286 pesos. La respuesta de los interventores es clara y contundente: piden que se desestime la intimación por tratarse de “pretendidos funcionarios” que “si bien formalmente parecerían revestir la calidad de empleados de la cooperativa, en realidad concurren poco o nada”. “No existe precisión alguna ni determinación alguna sobre las tareas concretas que tendrían asignadas, y deberían desempeñar”, plantean, y agregan que “ambos interventores, cada uno por su lado, hemos tratado de obtener entrevistas personales con los mismos. O bien no vienen a la cooperativa, o bien rehúsan toda entrevista”. Ex funcionarios de la cooperativa dijeron a Brecha que desde el primer momento Bleier se presentó como el asesor de imagen de Talamás. En los hechos, el funcionario está desempeñando su rol, pero lo hace fuera de la cooperativa y en una campaña contra quienes osan cuestionar las prácticas del hombre más destacado, Julio César Talamás.
La persecución a trabajadores en CossacManual de mobbing El amedrentamiento se hizo sentir desde el primer instante. Ocho trabajadores que habían sido despedidos tras afiliarse a aebu retornaron por una disposición de la justicia, que reconoció que el despido era producto de una persecución sindical. Es que son varios los expedientes en los que figura Cossac; también los hay por juicios laborales. La mitad de los “retornados” no lo resistió. Les sobran motivos.
“De los afiliados que volvieron, algunos renunciaron porque no soportaban el ambiente laboral, y han iniciado juicio contra la cooperativa”, explicó a Brecha Viviana Grajales, de aebu. “Cuando volvieron, a un trabajador que los saludó lo despidieron; a otro que les cedió un escritorio lo despidieron”, agregó la dirigente de aebu, quien entiende que había una clara instrucción de ignorarlos para ir “menoscabando la psicología de los trabajadores”.
Pero los familiares de Talamás y sus allegados, que interpretaron la afiliación a aebu como una traición, fueron bastante más allá. A los reintegrados no se les asignaron tareas, no se les brindaron computadoras ni teléfonos, incluso instalaron un inhibidor de celulares especialmente para la ocasión. Los funcionarios pasaban ocho horas sin nada para hacer, la jornada entera sin trabajo. Los amonestaron por tomar café, rompieron los enchufes de las oficinas, se negaban a devolverles sus pertenencias. Bailaban y cantaban frente a ellos durante horas. Los insultaban, los empujaban, los perseguían en cada rincón de la cooperativa.
Misteriosos apagones sucedieron sólo en las oficinas de los trabajadores considerados traidores. Con el corte de electricidad algunas puertas se bloqueaban, por lo que quedaban encerrados. Trataron de cansarlos y lo consiguieron en un 50 por ciento. Todavía quedan cuatro.
La situación, según lo afirman desde aebu, no ha cambiado con el desplazamiento de autoridades. Los interventores están presentes sólo una parte de la jornada laboral. La mayor parte del día, el manual de mobbing se cumple al pie de la letra.
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